Las Juntas Gestorass

¿Cómo se crea una Junta Gestora?

Cualquiera de los copropietarios de un monte de socios, con independencia de cuál sea su cuota de participación, podrá promover la constitución de una junta gestora ante el órgano competente en gestión forestal, que convocará, a instancia de parte, a todos los copropietarios conocidos para que tengan conocimiento del proceso de constitución y por si quisieran comparecer al mismo.

Si bien es cierto que la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes no establece un mínimo de personas para poder constituir una junta gestora, la mayor parte de las CCAA del Estado español tienen establecido el criterio de que por lo menos comparezcan cinco personas, con independencia de cuál pudiera ser su cuota de copropiedad en el monte.

Para la válida constitución de la junta gestora, será necesario el acuerdo de, al menos, las cuatro quintas partes de los propietarios conocidos, y su formalización por escrito. El órgano forestal de la CCAA levantará acta de la constitución de la junta gestora en la que deberá figurar la identificación del monte o montes afectados, los cargos directivos y el Estatuto.

No siendo de nuevo suficientemente clara la redacción de este apartado tercero del artículo 27.bis de la Ley de Montes, el conjunto de CCAA vienen interpretando que la exigencia de las cuatro quintas partes afecta a los propietarios que se hubiesen acreditado ante la correspondiente administración a los efectos de comparecer en el acto de constitución de la junta gestora.

¿Que reconocimiento oficial tienen las Juntas Gestoras?

Las juntas gestoras no disponen de personalidad jurídica, puesto que esta corresponde a los condueños que la conforman. No obstante, la Agencia Tributaria deberá asignarles identificación fiscal para la realización de negocios jurídicos de su competencia, asignándoles la letra “V” que conlleva la tributación al amparo del impuesto de sociedades.

Este reconocimiento es suficiente para que tengan plena capacidad de obrar para el cumplimento de sus fines.

¿Puede la Administración quedarse las cuotas vacantes?

La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que vino a sustituir a la histórica Ley de Bases del Patrimonio del Estado del año 1964, establece claramente en su artículo 16 que “pertenecen a la Administración General del Estado los inmuebles que carecieren de dueño”. Esta atribución, lógicamente, afecta también a las cuotas de participación de un monte de socios que careciesen de dueño, con independencia de que se encuentre o no constituida su Junta Gestora.

Sin embargo, frente a ese hipotético proceso de investigación de cuotas con ausencia de dueño, las juntas gestoras disponen de la potestad de incorporar diligencias referentes a si existen o no indicios de que dichas cuotas carecen de dueño, que no necesitarán ser reiteradas por la Administración General del Estado.

Es decir, la Junta Gestora de un monte, una vez constituida, se convierte en un eficaz instrumento de esclarecimiento de la propiedad al disponer de amplias competencias para la determinación de la titularidad de las cuotas, así como de colaboración con la Administración para la defensa de la integridad del monte.

¿Es legítimo repartir dividendos?

La junta gestora puede acordar el reparto de los beneficios generados de su actividad entre los socios, en proporción a su participación, y necesariamente con exclusión de los correspondientes a las partes no esclarecidas, que deberán invertirse en la mejora del monte.

En Castilla y León, en base a la Disposición Adicional 8ª de la Ley 3/2009, de 6 de abril, de montes, también es legítimo destinar los beneficios correspondientes a las partes no esclarecidas a obras o servicios de interés general en las localidades donde se ubican los montes.

No obstante, la mayor parte de las juntas gestoras constituidas hasta la fecha en España han renunciado estatutariamente al reparto de dividendos, optando por reinvertir todos los beneficios obtenidos, ya sea en la conservación del propio monte, en proyectos de desarrollo local, o en la mejora de la calidad de vida del pueblo.

De esta forma, además de conseguirse una tributación cero (al igualar los ingresos a los gastos), se da cumplimiento a la vocación de servicio a la comunidad por la que estos montes fueron adquiridos.